El lunes 28 de marzo, un vecino de Los Aromos, Enrique Fernández, ex preso político e hijo de desaparecido, presentó en la Fiscalía Federal número 2 de Córdoba una denuncia contra la jefa comunal Nélida Morales y la funcionaria de su gestión, María Teresa Colautti, por reivindicar el terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura en el país.

La denuncia, que cuenta con la firma también del ex secretario comunal Alfredo Cinalli y el ex vocal del Tribunal de Cuentas Javier Gutiérrez, responde a las expresiones negacionistas que días atrás las acusadas manifestaron en redes sociales y que Morales ratificó en entrevistas periodísticas.

Consultado por La Nueva Mañana, Gutiérrez explicó que se presentó la denuncia en la Fiscalía Federal número 2, ya que Enrique Fernández, quien se presenta como querellante, testificó en la Megacausa La Perla como víctima y familiar del terrorismo de Estado. 

En la denuncia se atribuye a Colautti y Morales la instigación a cometer un delito y la apología de un delito, en virtud de lo que el Código Penal establece en sus artículos 209 y 213.

«Las penas son muy bajas para este tipo de casos, porque no hay una figura específica para el negacionismo del terrorismo de Estado», subrayó Gutiérrez, por eso la denuncia hace referencia al reconocimiento y reivindicación de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura que hicieron las funcionarias, a través de la figura de apología.

Respecto a las expectativas que tienen de esta presentación, dijo Gutiérrez que esto estará condicionado por el grado de involucramiento que el Poder Judicial decida asumir. Independientemente de esta resolución, el ex vocal del Tribunal de Cuentas de Los Aromos destacó que lo importante es que las instituciones adviertan la gravedad de estas manifestaciones.

Paralelamente, un grupo de vecinas y vecinos estudia pedir la revocatoria de la jefa comunal, que tras estas manifestaciones ha recibido el repudio no solamente de parte de su comunidad y organismos de Derechos Humanos, sino también del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julián López, y también de referentes políticos de las diversas fuerzas que componen Juntos por el Cambio; incluso de su partido, el Pro.

«Queremos que estas declaraciones no pasen desapercibidas y que quien detente un cargo público, piense antes de hacer este tipo de afirmaciones», concluyó Gutiérrez.