Magistrados jubilados cuestionan «contribución solidaria» en haberes de más de 75 mil pesos. El Superior Tribunal de Justicia debe pronunciarse así sobre una de las aristas de la Ley de Emergencia sancionada en julio. Ya avaló constitucionalidad de aporte extra en el caso de una jubilada docente.
La pulseada en torno al recorte en las jubilaciones de jueces, como “aporte solidario”, en el caso de haberes superiores a los 75 mil pesos -una medida definida en la Ley de Emergencia sancionada a principios de julio en Entre Ríos- quedó ya en manos del Superior Tribunal de Justicia.
La Corte local deberá expedirse sobre la continuidad de uno de los capítulos de la norma impulsada por el gobernador Gustavo Bordet para apuntalar los ingresos provinciales frente a la erosión generada por la pandemia. La ley incluye además una contribución extraordinaria de entidades bancarias y campos de más de 1.000 hectáreas.
En las últimas horas, y tras un amparo elevado por cinco magistrados jubilados, la jueza ad hoc de Gualeguay, Eliana Guerscovich, declaró “la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del aporte solidario extraordinario” definido en esa Ley de Emergencia Solidaria y ordenó el cese de la poda sobre los haberes previsionales de esos jueces y el reintegro de lo recortado.
“El hecho de que la cuestionada ley Nº 10.806 en su articulado (art. 6º y 10º) no sólo propugna la disminución de los haberes previsionales sino que asimismo dispone la suspensión de la movilidad previsional, en contra de las referidas garantías constitucionales de integralidad, proporcionalidad y sustitutividad (***), a mi entender vuelve a la norma lesiva e inconstitucional especialmente de los derechos del sector pasivo”, argumentó en el fallo.
Esa sentencia ya fue apelada por el Gobierno del peronista Bordet ante el Superior Tribunal. Previamente hubo otro fallo de primera instancia que también hizo lugar a una acción de cuatro jueces jubilados, y que fue apelado.
En rigor, la Corte local ya se expidió sobre otra de las aristas de la ley de emergencia por un año. Fue días atrás, al convalidar su constitucionalidad, tras un amparo presentado por una docente jubilada.
