Los gremios alegan que la ministra frenó desembolsos a sus prestadoras de un fondo que Alberto y Massa comprometieron al sector por un total de $138 mil millones.
La armonía preelectoral entre el Gobierno y la CGT puede alterarse de manera dramática en los próximos días por la situación financiera de las obras sociales. En la cima de la central obrera integrada por Héctor Daer avisaron que en caso de continuar la demora en los desembolsos que el Ejecutivo había comprometido para este año -y que por ahora solo concretó a cuentagotas- impulsará una movilización hacia el Ministerio de Salud. Los dirigentes, peronistas verticalistas al fin, resolvieron encapsular su protesta en la figura de la jefa de esa cartera, Carla Vizzotti, y exculpar a Sergio Massa.
El eje del malestar es, como en los últimos dos años, la posibilidad de desembolsos extraordinarios desde el Estado con destino a las prestadoras de salud de los gremios para compensarles los gastos extra en servicios a sus afiliados discapacitados, en particular de educación y transporte. Con ese fin Massa accedió a incluir en el Presupuesto 2023 una partida específica de 138 mil millones de pesos que, según la dirigencia sindical, permanece virtualmente inmaculada.
La “mesa chica” de la CGT se encargó de focalizar su malestar en Vizzoti al señalarla como impulsora de un proyecto de integración de los subsistemas de salud (público, privado y solidario, como se conoce al de las obras sociales) con reminiscencias al explorado en alguna oportunidad por Cristina de Kirchner y sus técnicos en el rubro sanitario. Según los dirigentes la ministra en soledad es la supuesta encargada de poner freno a los desembolsos incluso en contra de lo resuelto en ese sentido por Massa y el propio Alberto Fernández, con el propósito final de imponer antes su iniciativa integradora.
Anoticiada del enojo de la CGT, Vizzotti minimizó la posibilidad de una protesta en su contra y respondió que hasta ahora la central no le hizo llegar ninguna objeción a sus propuestas. De hecho el miércoles pasado la ministra cerró un Encuentro Federal de Integración del que formaron parte las obras sociales sindicales, nacionales y provinciales junto con las universitarias y de las Fuerzas Armadas; las mutuales; las clínicas y los sanatorios; los ministros de Salud de cada distrito, la Superintendencia de Servicios de Salud; la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La funcionaria hizo saber que todos los participantes estaban de acuerdo con el camino de integración explorado, que incluye dos créditos del Banco Mundial y el Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de 500 millones de dólares para fortalecer ese proceso.
Fuente: Ámbito Financiero
