Las sanciones por los faltantes alcanzan a supermercados y alimenticias. Las empresas se desentienden de su responsabilidad al acusar a otros eslabones de la cadena y buscan no pagar las multas.
La Secretaría de Comercio aplicó solo la semana pasada 779 multas por un total de 800 millones de pesos a supermercados y empresas alimenticias por incumplimiento al programa Precios Justos. A su vez, el fin de semana se realizaron operativos simultáneos en hipermercados de Morón, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Malvinas Argentinas para verificar el cumplimiento del programa en el sector de la carne. De este modo, el gobierno endurece su postura para tratar de ponerle freno a la inflación. “Se terminó la paciencia”, aseguró el viernes el secretario de Comercio, Matías Tombolini. Las empresas, por su parte, se desentienden de la responsabilidad por los faltantes al acusar a otros eslabones de la cadena y resisten el pago de las multas apelando a diferentes maniobras administrativas y judiciales.
Las multas son actas por “presunta infracción” que dan lugar a un descargo del lado del imputado. Fuentes del sector informaron que “los supermercados suelen presentar pruebas que verifican los faltantes en depósitos, los cuales muchas veces obedecen a una deficiente entrega por parte de los proveedores”. Las faltas se notifican mediante el sistema de alertas tempranas de la app o por comunicación directa con la secretaría, en algunos casos pueden enviarse inspectores a los depósitos para constatar las denuncias.
El procedimiento administrativo continúa con un cruce de datos con los listados de reposición que tiene Comercio, si el desvío se constata se procede a imputar a la empresa proveedora. La misma suele aducir que fue el supermercado quién modificó el listado y está pidiendo más abastecimiento para estoquearse y beneficiarse luego con una suba de precios: “venían pidiendo siete envases y ahora demandan diez, para estoquearse y denunciar faltante”, esgrimen las alimenticias. El gobierno debe constatar una y otra denuncia y la posibilidad de descargo de las empresas siempre está abierta. El proceso de la sanción es largo hasta que, por lo general, finalmente la posibilidad de cobrar la multa se disuade. Hasta el momento, no se informó del pago de alguna de estas denuncias.
Desde el sector supermercadista, a su vez, objetan que los operativos públicos son poco prolijos. Por ejemplo “ir a buscar faltantes a las 21 horas, es decir una hora antes del cierre, en el tercer día de un fin de semana largo donde sin mediar operación logística obviamente se encontrarán huecos”.
Fuente: Página 12
