Gerardo Morales traccionó para conseguir que se apruebe la iniciativa oficialista, que no contó con el apoyo del resto de sus socios de Juntos por el Cambio; el hijo del gobernador jujeño preside una empresa estatal dedicada al cultivo

La aprobación de la ley que regula el desarrollo de cannabis medicinal y cáñamo industrial abrió un nuevo foco de tensión en Juntos por el Cambio.

Mientras en el recinto los dirigentes opositores se mostraban el jueves pasado unidos por el debate sobre el uso de la boleta única, puertas adentro circularon cuestionamientos y pases de factura por otro de los temas de la agenda legislativa. Los números desnudaron las diferencias. La iniciativa, un proyecto impulsado por el Frente de Todos, fue sancionada gracias a los votos que aportó un sector del radicalismo. La ley fue aprobada con 155 votos y 19 abstenciones, y no contó con el apoyo de Pro ni de la Coalición Cívica. La situación inversa se dio con el proyecto que propone una prórroga del blanqueo a los incentivos para la construcción, acordado entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el jefe del bloque Pro, Cristián Ritondo, iniciativa de la cual la UCR y la CC se distanciaron.

En el caso puntual de la ley de cannabis medicinal, el argumento formal que esbozó el Pro fue que esta ley implica más aparato estatal y nuevos impuestos. Los pilares de la campaña de Juntos por el Cambio durante las elecciones pasadas fueron, precisamente, los contrarios: prometieron reiteradamente no aumentar impuestos ni agrandar la estructura del Estado. En algunos sectores del radicalismo también se escuchó esta crítica. “Decimos una cosa y estamos haciendo otra”, dijo uno de los jerarcas de la coalición.

Fuente: La Nación