El macrista prófugo hace 512 días está cada vez más acorralado tras el rechazo de su solicitud para permanecer en Uruguay. La decisión se suma a la del Parlasur, que se encamina a expulsarlo por considerar que incurrió en «graves actos de falta de decoro» y no debe seguir en su cargo.

El cerco sobre Fabián «Pepín» Rodríguez Simón se cierra cada vez más: la Justicia de Uruguay rechazó su pedido de permanecer en ese país como refugiado político. El operador judicial de Mauricio Macri huyó hacia territorio uruguayo para evadir a la justicia argentina y lleva 512 días prófugo. A la par de la decisión judicial uruguay el Parlasur se encamina a separarlo de su banca por considerar que incurrió en «graves actos de falta de decoro» y no debe seguir como miembro de ese cuerpo.

Rodríguez Simón es requerido por la jueza María Servini. La magistrada lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional, además de decretar la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Tomó esa decisión frente a la decisión del operador judicial macrista de pedir ser considerado refugiado político en Uruguay, algo que interpretó como «absolutamente improcedente» que «parecería un atajo para obstruir el curso de la investigación» que tramita en su juzgado.

Rodríguez Simón aparece involucrado en la causa en la que según describió la misma Servini «se investiga la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos por los que debía velar el organismo recaudador nacional».

Fuente: Página 12