Mediante una carta pública, un grupo de mujeres se solidarizó con Cejas, quien aseguró haber sido objeto de la estigmatización de parte del binomio Morales-Rivarola. «Se corre el riesgo de que te suspendan y te saquen, por el hecho de no ser afines a esta gente», cuestionó.

Veinticinco mujeres con trayectoria pública que se presentan como «mujeres peronistas, feministas y militantes de distintos signos políticos» se solidarizaron con la diputada provincial de Jujuy Alejandra Cejas, suspendida por 90 días el último viernes, y acusaron al titular del PJ jujeño, Rubén Rivarola, de encabezar «una feroz persecución política» contra la legisladora en el marco de «un pacto patriarcal y antidemocrático con el gobernador Gerardo Morales».

Las firmantes, entre las que se encuentran diputadas nacionales Vanesa Siley (Frente de Todos-Buenos Aires), Hilda «Beba» Aguirre (FdT-La Rioja) y Mónica Macha (FdT-Buenos Aires), la directora del Banco Provincia Juliana Di Tullio y la exlegisladora Mónica Durrieu, advirtieron que «la alevosía de la persecución» contra Cejas debería encuadrarse en las leyes 27501/19 y 26485/09, de Protección Integral de la Mujer.

En diálogo con Télam, y al ser consultada por la suspensión en sus funciones, votada por dos tercios de la Legislatura tras una moción presentada por Rivarola, Cejas aseguró que en Jujuy «cualquier diputado o diputada que enfrente al binomio Morales-Rivarola (por el gobernador Morales y el titular del PJ) es objeto de la estigmatización, o de que te suspendan y te saquen, por el hecho de no ser afines a esta gente».

«Acá en Jujuy, los diputados no podemos ser opositores, pretenden que nos callemos o decir lo que quieren Morales y Rivarola», agregó y luego contó que en agosto y septiembre del 2020 ella presentó «dos pedidos de intervención» ante el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad para solicitar que esa cartera se involucrara en los hechos ya que, planteó entonces, se consideraba víctima de «un ejercicio de violencia pública y política» como mujer legisladora, «en el marco de la ley 26485 y sus modificatorias».

En la carta pública en solidaridad con Cejas, las firmantes remarcaron que la «persecución política» contra la diputada jujeña «reúne las características propias de la tipificación de violencia política incluida por la ley 27501 en la ley 26485, a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política».