Se trata de Carlos Raimundi, que en su informe ante la OEA justificó las violaciones sistemáticas a los derechos humanos consumadas por el régimen populista de Nicolás Maduro.
El Presidente Alberto Fernández asumió que se había equivocado con Raimundi. El embajador argentino ante lo OEA hizo una defensa explícita de Maduro y jamás cuestionó que el régimen venezolano tiene un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos.
“Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo” por lo que “hay una apreciación sesgada de lo que son las violaciones a los derechos humanos en determinados países”, opinó Raimundi.
No hubo instrucción escrita, telefónica o por WhatsApp dirigida al embajador argentino para que utilizara el foro de la OEA en defensa de la política represiva de Maduro. Raimundi actuó solo, aplicando su ideología y actuando en consecuencia.
Esa lealtad manifiesta del embajador a sus propios pensamientos encierra un problema de Estado: Alberto Fernández diseñó una política exterior que no incluye la opinión de Raimundi respecto a los asesinatos, torturas y violaciones cometidas por los grupos de tarea de Venezuela.
El Presidente rechaza los crímenes de lesa humanidad consumados por el régimen populista. No tiene una posición neutra, y menos aún justificativa. Apoya la investigación de la ONU que lidera Michelle Bachelet, y considera que el gobierno de Maduro tiene que pagar por los crímenes cometidos.
Alberto Fernández descalificó a Raimundi y aún no decidió si fuerza su regreso a Buenos Aires por el daño cometido a su estrategia diplomática en América Latina. El jefe de Estado propone terminar con los bloqueos comerciales a Venezuela y considera que Maduro debe ser incluido en la mesa de negociaciones para abrir una transición democrática que desemboque en elecciones libres, transparentes y sin exclusiones. (fuente Infobae)
