La “narco cultura” se cuela en el debate ciudadano. La iniciativa establece una presunción legal a favor de los efectivos en la utilización de sus armas de servicio para prevenir delitos
La inseguridad no es patrimonio exclusivo de la Argentina. Chile, donde en el verano se viralizaron asaltos violentos contra turistas argentinos, vive una ola de delitos graves que allanó el camino a una polémica ley que le da mayor libertad de acción a la policía.
Se trata de un país que, desde la recuperación de la democracia, ha sido un faro en materia de seguridad. Sin embargo, las estadísticas se disparan. Los crímenes aumentaron 43% el año pasado comparados con 2021, informó Carabineros. La tasa de homicidios se ubica en 4,6 por cada 100 mil habitantes, similar a la Argentina, según las estadísticas oficiales.
Chile aprueba una ley para darle mayor poder de acción a las fuerzas de seguridad
En este contexto de creciente inseguridad, el debate se centra en una polémica ley aprobada en el Congreso conocida por los apellidos de sus autores, Naín-Retamal, que endurece las penas por delitos cometidos contra funcionarios de Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.
Pero no solo eso. La norma otorgó más atribuciones a las policías uniformada y civil, consagrando el uso de la “legítima defensa privilegiada”, que elimina la idea de proporcionalidad y establece una presunción legal a favor de los policías en la utilización de sus armas de servicio para prevenir delitos. Sus defensores afirman que los agentes evitan hoy disparar por temor a ser acusados en la justicia, pero organismos de derechos humanos sostienen que la norma podría derivar en casos de “gatillo fácil”.
En los debates parlamentarios, la presunción quedó acotada a los casos en que esté en riesgo la vida o integridad del uniformado o la de un tercero.
Además, el ministerio del Interior ordenó la intervención de las 30 comunas que concentran un tercio de la población nacional y un 50 % de los delitos más violentos. El pan incluye más patrullajes, puntos de control y operativos masivos.
La ministra vocera del Gobierno chileno, Camila Vallejo, pidió “encontrar el equilibrio entre la agenda de seguridad y la de Derechos Humanos” en el gobierno de Gabriel Boric, que entró en su segundo año de mandato jaqueado por una ola de inseguridad sin precedentes.
“La misma agenda de seguridad es una agenda de derechos, la seguridad humana es un derecho para las personas y un derecho importante. Por ejemplo, si yo siento que si salgo a la calle y voy a trabajar me pueden asaltar, matar, violar o no tengo la tranquilidad de que mi hijo pueda llegar sano y salvo a la casa después del colegio, eso me limita en el ejercicio de otros derechos, como la libertad de tránsito”, afirmó.
Fuente: TN
