El expresidente de Perú Pedro Castillo, quien fue destituido a fines de 2022 por una moción aprobada en el Congreso, negó los delitos de corrupción que se le imputan y la fiscalía pidió una prisión preventiva de 36 meses y aseguró que podría recibir hasta 32 años de sentencia.
Según la fiscal Galinka Meza, hay que incriminan a Castillo y a parte de sus funcionarios. “283 graves y fundados elementos de convicción”
“La sanción a estimarse, dado que en concurso real se está atribuyendo al señor Castillo la comisión de los delitos, la sumatoria, conforme al artítulo 50 (del Código Penal) nos permite establecer que sería sentenciado a una pena privativa de la libertad de 32 años”, agregó la fiscal.
Castillo se encuentra detenido y acusado de haber dirigido una red que tenía como objetivo el lavado de activos y conceder contratos de obra pública de manera irregular, en lo que significaría la conformación de una organización criminal.
Castillo, por su parte, se desligó de cualquier hecho de corrupción en su audiencia: “Niego rotunda y categóricamente ser autor y ser parte de una red criminal, el único delito que he cometido es servir a mí país como presidente de la república”.
“Se ha armado un castillo de delitos, con ‘tendría’ y ‘podría’, con colaboradores comprados; van a pedir 36 meses de prisión preventiva, cuando voy a llegar a 100 días secuestrado”, agregó.
