La Justicia Federal envió a juicio a una decena de empleados de farmacias, farmacéuticos, agentes externos y empresarios, sospechados de conformar una organización que habría obtenido millones en falsificación de recetas y troqueles para pacientes diabéticos, para obtener gratuitamente insulina y tiras reactivas.

La investigación nació en el 2016 por una denuncia realizada desde la UFI Pami de Procuraduría de la Nación. Rápido, el juez federal Guillermo Molinari ordenó allanamientos en 16 farmacias en distintos puntos de la provincia y el listado fue remitido a la Unidad Fiscal Pami en Buenos Aires.

Según la investigación del fiscal Pedro Simón, el ilícito se enmarcaría en un negocio con pacientes diabéticos. El Pami tiene una cobertura del 100% del costo de medicamentos para estos pacientes. Por ende, los fármacos eran retirados gratuitamente por los imputados, quienes se enriquecieron vendiéndolos en el mercado negro y con la facturación a la obra social de los jubilados, superior a los $ 20.000.000.

Oficios a diferentes provincias

Cuando el escándalo alcanzó ribetes insospechados, partieron oficios y procedimientos también hacia las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Córdoba. Una de las maniobras delictivas habría sido incluir como beneficiarios a pacientes diabéticos ya fallecidos.

Pese al hermetismo en torno de la investigación, las fuentes confiaron que ambos grupos habrían pergeñado maniobras similares que consistían en adquirir costosos medicamentos para diabéticos empleando carnés de afiliados fallecidos o documentación apócrifa. La insulina y otras medicinas eran facturadas por farmacias locales a la obra social, pero los medicamentos eran comercializados luego en otras provincias en mercados paralelos, trascendió.

En uno de los coletazos de la defraudación, la Fiscalía requirió a la Justicia Federal de Tucumán, exhorto mediante, que remita los recetarios de una farmacia en donde se retiraron remedios para diabéticos con órdenes autorizadas por un médico santiagueño.