El colegio Roque González de Posadas prometió que los implicados terminarían el año de manera virtual, pero ya regresaron al aula. Mientras tanto, las madres de las adolescentes que denunciaron los abusos piensan en cambiarlas de colegio.
Amigo, la raptamos a L. y listo. Nos la follamos. La atamos y mientras les pegamos. Le azotamos la cola. Las dejamos a todas rojas. Llevamos cualquier tipo de máquina para torturar”. Este es un fragmento de la conversación que mantuvieron seis adolescentes de 14 años de del colegio católico Roque González de Posadas, Misiones, en un grupo privado de WhatsApp. Hablaban de sus compañeras de curso. Pero no fue apenas un chat. Las jóvenes denunciaron que fueron manoseadas en clase, abusadas. Menos de un mes después del hecho, la mayoría de los acusados ya volvió a clase mientras que las víctimas están con tratamiento psicológico y piensan en cambiarse de colegio.
El escándalo en el Roque González se desató el 1 de noviembre cuando un grupo de estudiantes mujeres de 14 años decidieron realizar una sentada en el recreo para visibilizar una situación que las traumaba desde hacía varios meses: sus compañeros de curso, de su misma edad, las acosaban y hasta supuestamente abusaban de ellas permanentemente. “Nos tocan la cola en el aula y nos sacan fotos por debajo de la pollera que después comparten en un grupo”, denunció una de ellas.
Horas más tarde se conocieron una serie de capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp integrado por, al menos, seis de los varones del curso donde se leían mensajes de fuerte contenido, siempre en referencia a sus compañeras: se hablaba de abusar, torturar y hasta secuestrar a las chicas.
A raíz de esta situación, y de la llegada del caso a la Justicia mediante una denuncia por parte de una de las madres, la fiscal Álvarez solicitó que, para resguardar a las víctimas, los acusados terminen el año de manera virtual y que no se les renueve la matrícula para el ciclo lectivo 2022. Esta solicitud fue rechazada por el juez Cesar Jiménez que enfrenta un juicio político en su contra por su desempeño en otras causas.
En lugar de esa medida, tendiente a resguardar a las menores, el magistrado optó por que los varones acusados continúen con una enseñanza que combina virtualidad y presencialidad. Las madres de las víctimas se quejaron porque no era lo que les habían prometido en una reunión de padres. Les habían dicho que sus hijas no iban a cruzarse más con los menores acusados de abuso, inimputables por su edad.
Esa decisión del juez se materializó el jueves pasado. La mitad de los menores acusados regresó a la misma aula donde sus compañeras denunciaron los abusos. Muchas de las menores se enteraron cuando los vieron cruzar la puerta. La única medida que tomó el colegio fue obligarlos a que pidan unas forzadas disculpas.
Mientras tanto, muchas de las víctimas que se animaron a denunciar, y que tuvieron que hacer una sentada en un recreo para que las escuchen, todavía están con tratamiento psicológico y sin poder volver a clases. En mucho de los casos los padres, ante la falta de respuesta de las autoridades escolares y de la justicia, piensan en cambiarlas de colegio para no ser revictimizadas.
