En total son 24 personas apuntadas por la Justicia por la desaparición de 30 dosis en enero pasado y la inoculación de miembros de la obra social del gremio.
La jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, procesó a 24 imputados por el robo de 30 dosis de vacunas Sputnik V del Hospital Regional de esta ciudad en enero último, y resolvió embargos de hasta dos millones de pesos. Tras tomar 40 declaraciones testimoniales y 28 indagatorias, la justicia resolvió el procesamiento del secretario general del sindicato de los Camioneros y exdiputado nacional, Jorge Taboada, parte de la comisión directiva y de la obra social de ese gremio -que integran una lista de 19 vacunados-, y cuatro integrantes del Área Programática Sur, dependiente del ministerio de Salud de Chubut.
El escándalo estalló en febrero último con el faltante de vacunas contra el coronavirus. En un expediente de 160 fojas, la investigación develó el vínculo entre dos enfermeras del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia con un referente del gremio de los Camineros, quien realizó las gestiones para la irregular vacunación. El caso tuvo como telón de fondo la investigación en torno al “vacunatorio vip” a nivel nacional, que provocó la renuncia del exministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
A la lista de procesados se les imputan delitos tales como incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento.
Los procesados
Según la justicia, el proceso para el robo comenzó sobre principios de enero pasado pero la colocación de las dosis se produjo recién sobre el 27 de ese mes. En la cadena de irregularidades, la investigación apuntó como máximo responsable al jefe de Epidemiología y Patologías Prevalentes del Área Programática Sur, Jorge Benítez, y a las enfermeras que hicieron posible la operatoria para que las vacunas y su consecuente colocación lleguen al gremio de los Camioneros. En el caso de Benítez, se lo procesó por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La lista incluye a la enfermera Alicia Muñoz por malversación dolosa de caudales públicos, a quien se le trabó embargo por 2 millones de pesos. En tanto, a otra enfermera del Hospital Regional que le habría ayudado a guardar las vacunas a Muñoz -según algunas comunicaciones telefónicas que mantuvieron-, se la procesó como encubridora de malversación de caudales públicos. A quien se desempeñaba como responsable de la cámara de vacunas, Daniela Cocha, la procesaron por presunta malversación culposa de caudales públicos por impericia y se le trabó embargo por 100 mil pesos.
Fuente: La Nación
