La firma indicó que «subió casi un 20 por ciento en la última semana». Además, se presentó un proyecto para regular la app.

Uber no para y contraataca. La aplicación internacional dio a conocer ayer que sigue en pleno funcionamiento en Rosario y sumó un dato estadístico mordaz para quienes arremeten en su contra: “En lo que va de la semana vimos un incremento de casi 20% en la cantidad de personas que bajan la aplicación y se conectan para pedir un viaje en Rosario”, informó a La Capital, con lo que avisó que el servicio, declarado ilegal por la Intendencia, goza de muy buena salud.

La compañía se mueve en Rosario con “normalidad”, se indicó en un comunicado distribuido a este diario, con lo que, al parecer, no hay perspectivas de que pretenda abandonar el servicio. Pero eso no es lo único: en busca de allanarle el camino, el diputado provincial Gabriel Chumpitaz presentó un proyecto destinado a su regulación en todo el territorio santafesino (ver aparte).

Y, como si fuera poco, una ONG ingresó voluntariamente una solicitud a la Justicia para que “sean escuchados los usuarios”. Se trata de Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin), asociación civil cuyo presidente, Exequiel Vergara, explicó que “debería permitirse la posibilidad de que los rosarinos accedan a distintos servicios” (ver aparte).

La entidad cordobesa se metió de lleno en la polémica suscitada en Rosario y, tal como lo había realizado en aquella provincia en diciembre pasado, abogó por la “libertad de elección de usuarios y consumidores”.

La compañía se mueve en Rosario con “normalidad”, se indicó en un comunicado distribuido a este diario, con lo que, al parecer, no hay perspectivas de que pretenda abandonar el servicio. Pero eso no es lo único: en busca de allanarle el camino, el diputado provincial Gabriel Chumpitaz presentó un proyecto destinado a su regulación en todo el territorio santafesino (ver aparte).

Y, como si fuera poco, una ONG ingresó voluntariamente una solicitud a la Justicia para que “sean escuchados los usuarios”. Se trata de Acción y Defensa del Consumidor e Inquilino (Adcoin), asociación civil cuyo presidente, Exequiel Vergara, explicó que “debería permitirse la posibilidad de que los rosarinos accedan a distintos servicios” (ver aparte).

La entidad cordobesa se metió de lleno en la polémica suscitada en Rosario y, tal como lo había realizado en aquella provincia en diciembre pasado, abogó por la “libertad de elección de usuarios y consumidores”.

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La información se conoció casi paralelamente a la protesta que taxistas y remiseros protagonizaron ayer frente al Concejo luego de que incluso el intendente Pablo Javkin advirtiera el viernes que la actividad que desarrolla la aplicación en la ciudad es “totalmente ilegal”.

Fue entonces cuando la app fue al choque por primera vez y confirmó que su operación era “normal”, incluso brindando números ligados a la satisfacción de los usuarios y la “seguridad” de la prestación.

Fuente: La Capital