La noticia de que unos 30 concejales de distintos municipios salteños figuran en los registros del IFE fue publicada este viernes por el diario el Tribuno de Salta.
La Justicia salteña inició en las últimas horas una investigación para determinar si funcionarios públicos de esa provincia accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Este viernes, la fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos en feria, Verónica Simesen de Bielke, dispuso la apertura de una causa de oficio para determinar si los hechos denunciados a través de publicaciones periodísticas tienen características ilícitas.
La noticia de que unos 30 concejales de distintos municipios salteños figuran en los registros del IFE fue publicada este viernes por el diario el Tribuno de Salta. En la publicación dice que los DNI de estos concejales figuran en los registros de trámites de Anses para el cobro de los 10 mil pesos. Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, la fiscal abrió la causa que se basa en el artículo 241 del Código Procesal Penal, el que establece que «conocida la noticia críminis, recibida la denuncia o iniciadas las actuaciones de prevención, la o el Fiscal practicará una averiguación preliminar para determinar las circunstancias del hecho».
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, repudió la actitud y pidió a la Justicia que actúe con máxima celeridad y con el peso de la ley. “Repudio la actitud miserable de aquellos concejales y políticos que utilizaron una herramienta como el IFE, creada con un fin noble y para los más afectados por la pandemia, para su propio beneficio. Le pido a la Justicia que actúe con máxima celeridad y con todo el paso de la Ley”, dijo el mandatario provincial en su cuenta de Twitter.
