Desde la Administración Federal de Ingresos Públicos le reclaman a la diva $50.000.000. Su bronca y la respuesta del abogado.
Tras la denuncia penal que recibió Susana Giménez por parte de la AFIP, la diva rechazó dicha acusación y alegó que no hizo «ninguna declaración engañosa ni ocultación maliciosa, ni mucho menos una defraudación al Fisco».
En ese marco, desde el círculo íntimo de Susana aclararon que ella “no va a hablar porque es un tema muy técnico para ella. Pero sobre todo porque está con mucha bronca; piensa que esta denuncia es ideológica y ruido político para distraer de los temas realmente serios que están pasando”.
Vale precisar que el fastidio de la conductora se debe a la denuncia penal que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) le realizó por presunta evasión fiscal, acusándola de omitir una declaración jurada de 2019 para no pagar Bienes Personales. El monto reclamado es de 50 millones de pesos. Y la denuncia en concreto se presentó el pasado jueves en los tribunales del fuero en lo penal económico y recayó en el juzgado número 5, a cargo del Dr. Diego Amarante. La acusación contra Susana es por haber “ocultado su realidad fiscal a través de la omisión de presentar la declaración jurada del Impuesto sobre los Bienes Personales por el período fiscal 2019″, precisa César Litvak en Clarín.
Asimismo, desde el entorno de la diva recuerdan que «en 2011 también se la agarraron con ella. Todo el mundo sabe que Susana es muy crítica del kirchnerismo. Y en cuanto la pueden llevar al terreno judicial, lo hacen. Hay que acordarse que también se la agarraron con ella en 2011, después de que en su programa criticó que no se pudiera comprar dólares por el cepo. Y de paso -sigue la fuente-, no nos engañemos: Susana les sirve para desviar la atención de los desastres que están haciendo en su gestión actual».
El descargo de su abogado
César Litvin, abogado y contador de Susana, habló al respecto y precisó que «no se puede hablar de engaño. Lo que están haciendo es judicializar un impuesto que es confiscatorio y que afecta el derecho de propiedad protegido por la Constitución Nacional”.
Y agregó: «Acá no hay ni delito ni dolo. Pero además, la Corte Suprema ya expresó en su momento que un impuesto confiscatorio afecta el derecho de propiedad». (Ámbito)
